Más que la misma Ley 1122 de 2007 que modificó de manera importante el sistema general de seguridad social en salud, la Emergencia Social decretada en diciembre pasado y motivada por la crisis financiera del sector salud, se ha constituido en el tema que más polémica ha generado en todos los niveles de la sociedad colombiana. La semana pasada se realizaron marchas de rechazo hacia los Decretos que se expidieron por el Gobierno nacional en el marco de la citada emergencia social.

Si bien el gobierno ha expedido Decretos reglamentarios de carácter aclaratorio, sobre todo en temas como la autonomía del profesional de la salud y la priorización del plan de beneficios del Plan Obligatorio de Salud, todavía sigue el inconformismo por parte de los académicos y la comunidad en general por lo que algunos han llamado “el Frankestein normativo” más grande la historia en Colombia.

Justamente en esta semana se celebró en el Congreso de la República el Foro “Impacto de la emergencia social en los hospitales públicos”, convocado por un parlamentario de la bancada oficialista, el senador guajiro Jorge Ballesteros Bernier. La conclusión del Foro es patética: “los hospitales públicos son los verdaderos sacrificados de la emergencia social”. Para el parlamentario, las medidas expedidas por el Gobierno en la emergencia social no solucionaron los problemas de iliquidez que tenían los hospitales públicos en Colombia, ni tampoco garantizan que estos hospitales puedan respirar tranquilos en el tema de la gran cartera que ellos tienen, y que según lo manifestado en el Foro, asciende a más de 2 billones de pesos.
 
Para Olga Lucía Zuluaga, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la situación actual pronostica el posible cierre de muchos hospitales por las deudas que tienen con ellos el Fosyga y los entes territoriales, manifestando que  “mientras los hospitales perdieron con la emergencia social, las EPS ganaron”.  

Según ACESI, con algunas medidas como las que se definen en Decretos como el de saneamiento fiscal, en donde no se tiene en cuenta para el equilibrio financiero de las Empresas Sociales del Estado lo facturado y las deudas de los actores, sino que toma exclusivamente los ingresos recaudados, lo cual, coloca en clasificación de riesgo medio y alto a un gran número de instituciones ingresando a saneamiento fiscal con el Ministerio y en caso de incumplimiento, a la liquidación de laos hospitales, se abre la puerta para la privatización de hospitales.

Ahora a este inconformismo por el alcance y las implicaciones de los Decretos de la emergencia social, se le agrega un nuevo matiz, igualmente generador de polémica y que coloca en entredicho algunas actuaciones del Ministro de la Protección Social y que tiene directa relación con la forma como fueron redactados estos cuestionados Decretos. Con prueba en mano, Germán Vargas Lleras criticó que desde la cartera de Protección Social se contrató una asesoría por 725 millones de pesos para la redacción de los Decretos, manifestando que existió conflicto de interés para algunos de los que participaron en la redacción de las medidas de la emergencia social. Para el máximo dirigente de Cambio Radical, las consultas y asesorías contratadas por el gobierno a través del Ministerio de la Protección Social, se hicieron en un estrechísimo círculo de personas que también tienen conflictos de intereses, porque hacen parte de la junta directiva de la Nueva EPS.

Las apreciaciones de Vargas se originan en la contratación de la millonaria asesoría, la número 640, firmado el 29 de diciembre del 2009,  por prestación de servicios y cuyo valor es de 725 millones de pesos, siendo el contratista la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria. Las personas que estarían en conflicto de interés serían Julio Portocarrero, director de la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, y quien a su vez es integrante de la junta directiva de Colpatria, firma que tiene una EPS, y Teresa Tono, que en su calidad de asesora del Ministerio de la Protección Social colaboró con la redacción de los decretos, forma parte de la junta directiva de la Nueva EPS.
Para  el analista del sector y para el lector desprevenido de esta columna, no es difícil encontrar lo que pudiera ser una relación entre las conclusiones del Foro celebrado en el Congreso de la República (“los hospitales públicos son los grandes sacrificados de la emergencia” y “mientras los hospitales perdieron con la emergencia social, las EPS ganaron”) y las denuncias de Vargas Lleras (existencia de conflictos de intereses por parte de quienes participaron en las consultas y asesorías al Minprotección, al hacer parte de juntas directivas de EPS). Por eso son varias las preguntas que se generan por estos hechos: ¿en qué pensaba realmente el gobierno cuando expidió los Decretos de la emergencia social? ¿No midió el impacto que generarían dichas medidas entre los diferentes actores?

Y una última pregunta para el contratista que se ganó 725 millones de pesos por “brindar asesoría profesional al Ministerio de la Protección Social en el desarrollo de las medidas de políticas definidas por el Gobierno” (ese es el objeto del Contrato No. 640 del 2009), la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, sobre todo cuando esa entidad siempre se identificó como defensora de los intereses de los hospitales generando apoyo y asistencia técnica para el mejoramiento de su gestión: ¿no se ha desvirtuado la razón de ser y la historia del Centro de Gestión Hospitalaria al haber participado en la “producción” de estos Decretos de la emergencia social que han traído la zozobra y la incertidumbre al sector prestador de servicios de salud, especialmente al de las Empresas Sociales del Estado?