Mucho se ha dicho, se está diciendo y se seguirá diciendo sobre la motivación, el alcance y  las implicaciones de los Decretos de la Emergencia Social y la reglamentación que se está generando al respecto por parte del gobierno.

Que es inconstitucional, que las medidas adoptadas no guardan relación con las razones que motivaron el estado de excepción, que en la redacción de los Decretos participaron personas que supuestamente manejan conflictos de interés, que por parte del Ministerio de Protección Social se suscribieron multimillonarios contratos para recibir asistencia técnica en la elaboración de los citados Decretos, que las normas expedidas a la luz de la Emergencia Social son una afrenta a  los profesionales de la salud al irrespetar su autonomía, que algunas de las medidas pueden significar la liquidación y cierre de muchas Empresas Sociales del Estado, que los trabajadores han visto amenazadas sus cesantías con las disposiciones que se han expedido para fijar las condiciones de acceso a los servicios que están por fuera del POS, que el gobierno aprovechó esta coyuntura para generar una reforma solapada del sistema de salud evitándose la gestión en el Congreso de la República, en fin, todas estas consideraciones se han debatido, se están debatiendo y se seguirán debatiendo hasta que la Corte Constitucional emita su análisis y declare exequible o inexequible la normatividad que se expidió por el Gobierno en la Emergencia Social.

Lo que no puede ocurrir es que este estado de excepcional que como su nombre lo indica, es excepcional y coyuntural por la crisis financiera que se vive al interior del sector salud en Colombia, desvíe la atención del país sobre el tipo de sistema de salud que se requiere y el modelo de atención que debe adoptarse para que se les garantice la preservación y el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Tal y como se referenció por parte de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) en las reuniones de la Comisión Séptima en las que se revisa la Emergencia Social, hay que centrar la atención en lo medular (el sistema de seguridad social en salud) y no concentrarla en lo coyuntural (la Emergencia Social).

Así las cosas, el país debe hacer un análisis desapasionado sobre el estado real actual y futuro del sistema de seguridad social en salud en Colombia, volver a pensar en políticas de salud y  estrategias para su aplicación, revisar el impacto que ha tenido en el perfil epidemiológico colombiano las acciones que se están generando desde los diferentes actores del sector salud para garantizar la prevención de la enfermedad, la preservación y el mantenimiento de la salud.

Hay que analizar los indicadores sanitarios que se han venido consolidando como mera información y no han trascendido como insumos para el análisis y la toma de decisiones trascendentales que se capitalicen en el beneficio de la salud colectiva e individual de los colombianos. Hace ya un año que se presentó los resultados del último estudio de carga de enfermedad y que fue hecho con corte al año 2005 y la información que se presentó deja dudas sobre el éxito del actual sistema de salud en términos de años de vida ganados por las acciones del sistema de salud.

Colombia no se puede dar el lujo de no discutir la posibilidad de regresar al Ministerio de Salud como cartera única y exclusivamente dedicada a la generación de las políticas sectoriales,  y que otra cartera se dedique al complejo problema de la generación de nuevas fuentes de empleo y la preservación de las actuales plazas de trabajo. Está demostrado, “meter bajo una sola sombrilla” denominada Ministerio de la Protección Social a ambos temas (salud y trabajo), resultó un fracaso que cada vez se hace más evidente.

La iniciativa de la ACHC de establecer un pacto social entre los actores del sector salud nuevamente cobra vigencia, pues si bien no fue atendida esta sugerencia por parte del Ministro de Protección después de habérsele presentado en sesión de Junta Directiva de la primera semana del mes de diciembre de 2009 a la que asistió el funcionario, para que fuese tenida en cuenta para la Emergencia Social, hoy su vigencia es aún mayor.

Esta propuesta de pacto social implica que desde el ejecutivo se defina de manera enfática que el incremento que se les asigna a las EPS cada año a través de la unidad de pago por capitación y que siempre va estrechamente ligada al incremento que tiene el salario mínimo legal, se irradie al sector, trasladando ese incremento vía tarifas a los hospitales públicos y a las IPS privadas, para que estos a su vez puedan reflejarlo en el pago del recurso humano que labora en estas entidades. Solo con ese pacto social se podrá obviar el desequilibrio que se genera cuando en ocasiones como en este año 2010, algunas EPS proponen o mejor, imponen, un incremento de hasta el 0% (cero por ciento) para las IPS (¡!), pero las clínicas y los hospitales sí deben incrementar el pago del recurso humano en el porcentaje que aumenta el salario mínimo legal porque, como se conoce, en las IPS la mayor cantidad de personas que allí laboran son técnicos y auxiliares cuyos pagos se referencian con base en dicho salario.

No hay que dejar que el árbol tape el bosque, hay que salirse de los coyuntural y excepcional de la Emergencia Social y hay que centrarse en lo medular, la estructura y la operación del modelo de sistema de salud que este país requiere.