El reciente concepto del señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sobre la inexequibilidad de los decretos legislativos 4975 de 2009 y 127 de 2010, ambos muy representativos de la emergencia social, se convierte en un importante referente para lo que podría ser el análisis que al respecto hará la Honorable Corte Constitucional y que en estos momentos se constituye en la principal amenaza para la sostenibilidad en el mediano plazo de las normas que fueron expedidas por el Gobierno  nacional en ese estado excepcional.

Según el representante del Ministerio Público, la crisis existente en el sector salud no es conjurable con las medidas expedidas por el gobierno de manera excepcional, además que sostiene que los hechos que motivaron la emergencia social no ocurrieron de manera imprevista ni repentina como para no haber sido advertidos pues era evidente que estos hechos venían dándose en frente de todos los colombianos y que el gobierno podía echar mano de las vías ordinarias para proponer y construir las soluciones que el sistema de salud requería, excluyendo así la vía extraordinaria de un estado excepcional como es la emergencia social.

Así las cosas, el hecho que el Presidente de la República en días pasados haya reconocido sutilmente que su gobierno se pifió en incluir dentro del paquete de los decretos de la emergencia social el uso de las cesantías para pagar servicios no incluidos dentro del plan de beneficios del POS y las sanciones pecuniarias para los profesionales de la salud, demuestra que en la construcción de los documentos que más tarde se constituyeron en decretos legislativos, reinó la prisa y la improvisación, y resultó evidente que esos aspectos puntuales tampoco se concertaron debidamente con el primer mandatario.

La “vuelta a Colombia” con algunas escalas internacionales que ha realizado en estas últimas semanas tanto el Presidente Uribe como el Ministro Palacio tratando de convencer a propios y extraños de las bondades de la emergencia social, no siempre ha resultado exitosa en ese propósito y antes por el contrario ha generado más polarización en el rechazo de la academia, de los profesionales de la salud y las asociaciones de usuarios, produciéndose un desgaste nunca antes dado en la imagen del gobierno y especialmente en la de Uribe Vélez.

Por motivos directamente relacionados con la emergencia social, he tenido la oportunidad de interactuar en varias ocasiones con el Presidente Alvaro Uribe Vélez en los últimos días y he logrado percibir la frustración generada en el primer mandatario de los  colombianos por haberse incluido ciertos temas –en especial el uso de las cesantías y las multas a los profesionales de la salud- en los decretos con fuerza de ley y que motivaron el rechazo casi que general de la sociedad de este país hacia las medidas así expedidas. Tal y como lo dijimos en una anterior ocasión, ninguna normatividad antes había alineado a tantos actores del sector salud y de fuera de él, en contra de una medida del gobierno, por lo menos en los últimos ocho años.

Para calmar un poco los ánimos de los contradictores de la emergencia social, el Presidente debió afirmar en días pasados que su gobierno se abstendría de continuar reglamentando los artículos de los decretos que abordaron los temas de las cesantías y su “novedoso” uso para pago de servicios de salud y las multas aplicables a los profesionales de la salud, y que esperaba que en este primer semestre de 2010, el congreso de la república ajustara los decretos que incluían esos artículos que han generado tantas críticas, rechazos, marchas y la mayor pérdida de popularidad del Presidente en los últimos tiempos, que ni siquiera pudo ser contrarrestada con la amable invitación a ser varón que le hizo en Cancún al Presidente Chávez hace unas semanas.

Sólo unas pocas horas de celeridad y  desatino de los colaboradores internos y externos del sector salud de su administración, le hicieron perder a Uribe Vélez la credibilidad y confianza que él como Presidente había logrado construir como su principal patrimonio político entre sus gobernados.  La emergencia social incluyó unos decretos que le trajeron beneficios al sistema, como por ejemplo el ajuste que se hizo al pago de los servicios de salud a pacientes víctimas de accidentes de tránsito y el mismo aumento de la cobertura de la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), así como el mejoramiento del flujo de los recursos entre algunos actores del sistema y la ratificación de la obligación del estado de igualar los planes de beneficios del POS de los dos regímenes. Pero esos decretos que generaron el rechazo casi que unánime en su contra, desvirtuaron el sentido a la emergencia social e hicieron parecer al gobierno como oportunista tratando de aprovechar la ocasión para generar una reforma al sistema de salud ahorrándose el desgaste que le hubiese producido al ejecutivo el trámite de una reforma sectorial  por el congreso de la república.

En resumen fueron muchos los costos los que le tocó asumir al señor Presidente en la defensa de una emergencia social que no fue socialmente bien recibida, costos que no estaban en la agenda del gobierno para ser asumidos por él, tal vez porque a estas alturas de su gobierno y conocido ya el fallo de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad del referendo re-eleccionista, el primer mandatario no hará uso de los fusibles que tenía para liberarse y aliviarse así la presión personal a la que ha estado sometido desde el mismo día que declaró el estado excepcional de emergencia.